Entre otros aspectos,se busca preservar atodas las personas,tanto manifestantescomo efectivos.La valiosaexperienciaprovincial enla crisis del 2001
GABRIELA CEPPI gabriela.ceppi@elsoldiario.com.ar
Pasaron más de diez años, pero las imágenes siguen frescas. Se trata de una de las peores semanas del país, en la que los saqueos y las protestas sociales no cesaban, y en Mendoza llegaron a registrarse 48 manifestaciones en tan sólo 24 horas. La mayoría reclamaba alimentos, aunque también se desbordaba el pedido de trabajo y viviendas, situación que hizo evidente la falta de articulación entre la política y los efectivos de seguridad.
Es precisamente esto a lo que apuntará una especie de receta o protocolo de actuación ante los manifestantes que le presentó la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, a los referentes de la fuerza en todas las provincias. En esa reunión participó el ministro de Seguridad de Mendoza, Carlos Aranda, quien rescató que, por primera vez, "se esté pensando en coordinar la actuación de las fuerzas a nivel nacional", y se mostró conforme con los aportes nacionales. Con un escenario distinto, sin saqueos en supermercados pero sí usurpaciones de barrios o descampados (ver página 4) y otros reclamos sociales –como piquetes–, se reunieron ayer en Capital Federal los ministros de Seguridad de todas las provincias con Garré y acordaron trabajar en la firma de un acta que propone la intervención de las fuerzas policiales en las protestas de manera progresiva "y sólo en caso de ser necesario", comenzando primero por el diálogo, y utilizar la designación de un responsable político cuando las manifestaciones o los reclamos hayan sido anunciados con anterioridad. Entre otras cosas, el protocolo fija la prohibición de portar armas de fuego y la imposibilidad de utilizar pistolas lanza gases, además, las postas de goma sólo podrán ser usadas con fines defensivos en casos de peligro para la integridad de algún miembro de la fuerza, pero no podrán emplearse para disipar reclamos. Todo el personal interviniente, como también los vehículos, los equipos y los aparatos de telefonía celular deberán estar claramente identificados. En operativos programados se dispondrán barreras físicas que ayuden a preservar la integridad de los manifestantes y de los efectivos policiales. Entre otras cosas, los miembros de las fuerzas deberán garantizar la actividad de la prensa; los periodistas no podrán ser molestados, detenidos ni trasladados. Tampoco se les podrá impedir la toma de fotografías o el registro y la obtención de imágenes. NO CRIMINALIZAR LA PROTESTA SOCIAL. El espíritu de la propuesta es similar a cómo se actuó, más por inercia y sentido común que racionalmente, en la provincia en uno de los momentos de mayor tensión social durante la crisis del 2001. De manera casi espasmódica, se convocó a los referentes de cada área en conflicto para articular la responsabilidad política de las razones de las protestas. Alejandro Salomón, subsecretario de Seguridad durante la gestión de Roberto Iglesias, recordó que se registraban, en promedio, 40 manifestaciones sociales por día. "Hubo que tomar decisiones urgentes y una de las más efectivas fue identificar rápidamente el trasfondo del reclamo social y enviar a todos los referentes de esa área a resolver el pedido, para después actuar con las fuerzas de seguridad y evitar el desmadre". Así, si el conflicto surgía por un problemas de agua o trabajo, escuelas o alimentos, el primero en llegar era el referente de esa área en el Gobierno y después los uniformados. Según Salomón, "así lograron evitarse los desmadres". El actual ministro, Carlos Aranda, rescató que la cartera nacional recientemente creada "abra la discusión, aunque algunas de las propuestas deberán analizarse a nivel regional antes de ser aprobadas" en la próxima reunión del Consejo Nacional de Seguridad. En referencia al control de la fuerza, Martín Appiolaza, coordinador del Diplomado de Seguridad Democrática de la Universidad Nacional de Cuyo, quien también participó en las planificaciones políticas durante la gestión de Leopoldo Orquín, relata que se daban órdenes a la policía de cómo actuar y se filmaba de manera permanente el accionar policial, para evitar las represiones desmesuradas. Appiolaza reflexionó, además, que hay que trabajar en la capacitación de los policías, porque lo que observa la Nación también pasó en Mendoza. "Con la necesidad de sacar policías a las calles se produce una especie de producción en serie en vez de poner el foco en la capacitación", observó. Aranda comentó que una de las propuestas elevadas por Garré es la de crear una tecnicatura en seguridad pública, aunque destacó que en Mendoza no sería necesaria porque ya está en funcionamiento en la Universidad Nacional de Cuyo a partir de la reforma policial de 1998. La propuesta de Nilda Garré se conoció ayer en la reunión plenaria del Consejo Nacional de Seguridad realizada en el City Tower Hotel, en pleno centro porteño. En el temario se trataron otros ítems como la preservación del lugar del hecho o escena del crimen y la evaluación psicológica de los integrantes de las fuerzas de seguridad. En ambos puntos, la experiencia ha mostrado errores en los años recientes. De forma sistemática se alteran elementos clave en lugares donde se producen delitos, y esto ha obstaculizado seriamente la resolución de casos judiciales. Asimismo, se abordaron otros temas como la trata de personas y el combate al narcotráfico. Estos protocolos en los que se avanzará en los próximos meses plantean como prioridad la vigencia absoluta de los derechos humanos, la preservación de la vida, los códigos de conducta aprobados por las Naciones Unidas e, incluso, el Acuerdo para la Seguridad Democrática, suscripto por referentes de casi todas las fuerzas políticas argentinas.
